Náutica

20 Julio, 2017

Los náuticos españoles ven de justicia la renovación del club de Ibiza y piden el mismo criterio para Gandía

Satisfacción en la patronal de clubes por la sensibilidad de la Autoridad Portuaria de Baleares con la náutica social

La Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA) considera “de justicia” la aprobación de la concesión al Club Náutico de Ibiza, una entidad histórica que, gracias a esta decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), podrá seguir desarrollando su actividad social y deportiva durante los próximos 35 años, al mismo tiempo que realiza una inversión de 7,5 millones de euros en un espacio de dominio público.

José Jaubert, presidente de la CEACNA, ha mostrado su “satisfacción” por el hecho de que el organismo que gestiona los puertos de interés general de Baleares haya apostado por “dar continuidad a un modelo de náutica social que está demostrado que funciona”, frente a otras ofertas mercantiles y especulativas que “pretenden hacer negocio rápido sin aportar nada a la sociedad”.

“Nos alegra que en Baleares exista sensibilidad por el trabajo que llevan a cabo los clubes, pero no debemos olvidar que en la Comunidad Valenciana, donde el club de Gandía ha perdido su concesión, está pasando justo lo contrario”, ha advertido Jaubert, para quien no hay duda de que “la renovación del Club Náutico de Ibiza es lo mejor para los ciudadanos amantes de la mar, algo que, por desgracia, no ha sido capaz de ver la Autoridad Portuaria de Valencia”.

En este sentido, el Club Náutico de Gandía se ha preguntado, en una nota emitida hoy, cómo es posible que los criterios que han sido validos en Ibiza no lo sean en su caso, teniendo en cuenta que la legislación que sustenta ambas decisiones es la misma.

El proceso para la nueva concesión de la entidad pitiusa ha sido largo. Su concesión finalizó en 2010 y desde entonces ha podido gestionar las instalaciones mediante autorizaciones temporales. En 2015, el club presentó una solicitud de nueva concesión para una instalación náutica de marcado carácter social, con el 80% de sus embarcaciones no superiores a los 12 metros. La APB inició un trámite de competencia de proyectos al que se presentaron otras dos propuestas, entre ellas la de una asociación supuestamente deportiva llamada Club 12 Millas, cuyo presidente es, curiosamente, el administrador de la empresa Alcara Infraesrtucturas, que ha sido elegida para explotar la instalación de Gandía.

“Es ridículo pensar que un club náutico se hace en dos días, cuando sus valores distintivos son su historia, su masa social y su ausencia de lucro. Nos alegra mucho que la Autoridad Portuaria no haya caído en esta trampa; estamos convencidos de que esta decisión abre el camino a la renovación del resto de clubes dependientes de este organismo”, ha declarado Miquel Suñer, presidente de la Asociación de Clubes Náutico de Baleares (ACNB).

El gerente y asesor legal de la ACNB, Rafael Palmer, ha recordado, por su parte, que la nueva concesión del Club Náutico de Ibiza ha sido posible gracias a la modificación de la Ley de Puertos del Estado (en concreto del artículo 86), que a su vez fue consecuencia de la pérdida de los amarres del Club Marítimo de Mahón en beneficio de una empresa especulativa que quebró al poco tiempo.

“Entonces quedó claro que el interés general no está representado por los lobbys portuarios, que buscan el beneficio rápido eliminando el deporte náutico y aumentando los precios de los amarres para que el mar sólo sea accesible para unos pocos”, ha opinado Palmer, quien no ve “en absoluto casual” el hecho de que las empresas que han intentado acabar con los históricos clubes de Ibiza y Gandía “tengan detrás a las mismas personas”.

La ACNB y la CEACNA, por otro lado, confían en que el Govern balear pueda llegar a un acuerdo que permita la continuidad del Club de Vela de Andratx después de que éste haya perdido la concesión que obtuvo en 2005 por medio de la Ley de Puertos de Baleares. En este caso, rige la normativa autonómica al tratarse de una instalación transferida por no estar ubicada en zona de “interés general”.


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