29 de abril de 2023

Las leyes autonómicas generan agravios entre los clubes náuticos españoles

Valencia y Andalucía desarrollan normas que permiten la protección de los clubes, mientras Murcia exige la conversión de los concesionarios en sociedades anónimas. Baleares presenta su nuevo Plan de Puertos y Canarias aboga por ofrecer mayor seguridad jurídica a los concesionarios.

Las leyes de puertos autonómicas, fruto de la descentralización de las competencias en náutica de recreo, ofrecen muy diferentes niveles de protección a los clubes náuticos, según se ha hecho patente en el transcurso de la primera jornada 5º Congreso Nacional de Clubes Náuticos que se celebra en la isla de La Palma, con la asistencia de más de 200 profesionales del sector.

La ponencia “Prórrogas concesionales de los clubes náuticos en las comunidades autómas” ha contado con la participación de representantes de las regiones de Valencia, Baleares, Andalucía, Canarias y Murcia, y ha puesto de manifiesto la diferencia de trato que reciben los clubes náuticos, y en general los puertos deportivos, en función de las normativas locales que regulan su actividad.

Andalucía destaca por ser, de largo, la autonomía que actúa de una forma más clara y decidida en defensa del modelo de los clubes náuticos. Rafael Merino, director general de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, ha calificado estas entidades de “fundamentales” y ha reconocido sin ambages que la política de su gobierno es “proteccionista y conservadora” en relación a los clubes como resultado de un amplio consenso político: “Tenemos claro que los clubes realizan una labor muy importante en el ámbito del deporte y la formación, y por eso hemos establecido medidas de protección”.

Merino ha explicado que la ley regional “blinda” a los náuticos y marítimos frente la amenaza de grandes fondos de inversión y prevé una bonificación de tasas de hasta un 35%, siempre y cuando el dinero que deja de ingresar la administración se invierta en actividad deportiva.

En el otro extremo, por imperativo de una ley autonómica de infraestructuras vigente desde 1997, Murcia obliga a los concesionarios del espacio público (incluidos los clubes náuticos), a constituirse como sociedades anónimas. Esto significa, de facto, que ningún club puede renovar su actual concesión u optar a una nueva en su condición vigente de sociedad deportiva sin ánimo de lucro.

Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha admitido que esta normativa no es del agrado de su gobierno, pero "debe cumplirse" mientras permanezca vigente. La cuestión ha dado pie a un encendido debate en el que ha intervenido, entre otros, el gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Rafael Palmer, para mostrar su “estupor” por el cambio de criterio que se ha dado en la región de Murcia desde la celebración del anterior Congreso de Nacional en 2019, cuando se anunciaron medidas concretas de protección de los clubes náuticos por parte del representante de esta autonomía.

El director general de Puertos, Aeropuertos y Transporte Marítimo de Baleares, Xavier Ramis, ha aprovechado su intervención para explicar los puntos principales del nuevo Plan General de Puertos de las Islas Baleares, recientemente aprobado, el cual prohíbe la construcción de nuevas instalaciones y la ampliación de las existentes. La medida, a su juicio, se justifica en que la capacidad cargar del litoral es limitada.

Todos los clubes náuticos de Baleares ubicados en la zona de competencia autonómica han obtenido concesiones por periodos de hasta 35 años tras su adaptación paulatina a la Ley de Puertos de Baleares de 2005, una norma que contempla la posibilidad de obtener prórrogas, pero que no ha desarrollado un reglamento a este respecto.

Pilar Álvarez, subdirectora general de Puertos, Aeropuertos y Costas de la General Valenciana, ha defendido que la nueva ley de puertos de esta autonomía ha contribuido a corregir la inseguridad jurídica a través de mecanismos que permiten la ampliación de los plazos de las concesiones con criterios claros, entre los que citó la relevancia de los operadores (en el caso de los clubes náuticos ligada a su actividad social y deportiva), la integración de los puertos en las ciudades y localidades que los acogen. Fruto de esta ley, y de la voluntad de mejorar los trámites administrativos que regulan las instalaciones portuarias, la Comunidad Valenciana ha pasado de ofrecer incertidumbre a fomentar el desarrollo de la náutica de recreo como sector estratégico.

Gustavo Santana, viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno de Canarias, ha incidido, por su parte, en la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y una normativa clara a los gestores privados para una mejor planificación del litoral.