La recién creada Asociació Pescadors Illes Balears (APIB), que aglutina a los cerca de 100.000 pescadores recreativos y deportivos de Baleares censados en 2017, aboga por la creación de un Consell Pesquer Recreatiu que permita mejorar la comunicación entre administración, pescadores y científicos, y que contribuya a potenciar “el inmenso valor social, cultural y económico de una actividad que fomenta el producto y el comercio local”. La mitad de la población de las Islas ha practicado al menos una vez en su vida la pesca de recreo.

Toni Cayuela, presidente de APIB, asegura que ha llegado el momento de que la administración escuche a este colectivo “hasta ahora menospreciado”, a fin de garantizar “el futuro de la pesca recreativa” y poner fin a la “política de la prohibición”, que califica de “fracaso de la gestión”.

La APIB, constituida el pasado mes de marzo, ha conseguido unir las fuerzas de todo el sector de la pesca recreativa, tradicionalmente muy atomizado, y se ha fijado una hoja de ruta de cinco objetivos, el primero de los cuales es la creación del Consell Pesquer Recreatiu de Baleares, “una mesa formal de comunicación entre el sector, los científicos y la administración”. Este nuevo órgano, explica Cayuela, tendría la doble función de, por un lado, establecer un marco para realizar propuestas y, por otro, promover un sistema de gestión adaptativa donde estarían representados todos los subsectores de la pesca recreativa: asociaciones, clubes, compañías de chárter, comercios y otras empresas.

El segundo reto de la APIB consiste en conseguir que las reivindicaciones y problemáticas del sector entren a formar parte del debate político. Garantizar el futuro medioambiental de la pesca recreativa “requiere voluntad política e inversión”, sostiene Cayuela, quien recuerda que la UE ha instado a los estados miembros a conseguir la sostenibilidad de la actividad recreativa y que para ello ha creado el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

“Creemos que son necesarias tres líneas de financiación: una para estructurar el sector, otra para asesoramiento medioambiental y socioeconómico, y una tercera para concienciar y educar a los pescadores en materia de medio ambiente. La administración no sólo debe invertir en el monitoreo de las  especies explotadas, sino también en determinar el valor económico y social de la pesca recreativa”, añade el presidente de la APIB, en alusión al tercer objetivo que se han fijado los miembros de la entidad.

Los pescadores de recreo de Baleares tienen claro que “prohibir no debería ser la norma”. Cayuela afirma, en este sentido, que la prohibición de la pesca en las reservas marinas o el veto en los parques nacionales son dos ejemplos de “fracaso en la gestión”, toda vez que en ambos casos se permiten otras actividades extractivas de manera indefinida. “No estamos contra las reservas marinas, todo lo contrario, pero entendemos que cualquier modalidad de pesca recreativa deberías ser al menos objeto de estudio para evaluar su compatibilidad”.  Poner coto a esta tendencia a la prohibición acrítica y acientífica de la pesca es el cuarto desafío de la APIB.

Por último, la asociación reclama que se fomente la pesca de recreo como una actividad que conecta a la gente el mar e incentiva el consumo de pescado local, como deporte, como generadora de riqueza, como creadora de empleo y como diversificadora de las actividades marinas. “Es lamentable que muchos niños estén más familiarizados con especies como el salmón, la panga o la tilapia que con los peces que pueblan nuestras aguas”, lamenta Cayuela. En este sentido cabe recordar un estudio reciente según el cual las familias con al menos un miembro pescador recreativo son las que más saben apreciar el producto local y están dispuestas a pagar más por él.

La APIB ha generado en sus primeras semanas de vida un gran interés en el sector. “Nos hemos visto abrumados por las llamadas, incluso de fuera de Baleares, y estamos dando los pasos para formar lo que creemos que debe ser esta asociación, una entidad que huya de intereses particulares y trabaje por el bien común y para que dentro de diez años siga habiendo peces en nuestros mares”, concluye Cayuela.